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No está todo dicho en el caso de Victoria Rosell

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), el órgano que dictó la sentencia, el recurso será examinado por una Sala de lo Penal que ha quedado conformada para este caso por los magistrados Pablo Llarena, Carmen Lamela, Susana Polo, Ángel Hurtado y Miguel Colmenero, que presidirá la vista y será ponente.

En septiembre de 2019, el TSJC declaró culpable a Salvador Alba de tres delitos cometidos durante el tiempo en que sustituyó a Victoria Rosell al frente del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria: prevaricación, falsedad y cohecho.

En concreto, se consideró acreditado que Alba manipuló una investigación de delitos contra la Seguridad Social abierta contra el empresario Miguel Ángel Ramírez para perjudicar a la juez que la había dirigido antes que él, Victoria Rosell, en aquel momento diputada en el Congreso como independiente en el grupo de Podemos y hoy Delegada del Gobierno contra la Violencia Machista.

El TSJC declaró probado que, siendo el instructor de ese procedimiento, Alba se reunió de forma reservada con el procesado, Ramírez, para expresarle su intención de conseguir pruebas que demostrasen Rosell había intervenido en la causa a pesar de tener intereses económicos indirectos en el asunto: las supuestas relaciones comerciales entre su pareja, el periodista Carlos Sosa, y las empresas del entonces propietario de Seguridad Integral Canaria.

Dos resoluciones favorables a Rosell

Esa posible conexión -que de ser cierta habría obligado a Rosell a apartarse de ese caso- ya había sido objeto de una investigación disciplinaria iniciada a instancias de la Fiscalía de Las Palmas, pero que finalizó con dos resoluciones favorables a la juez, tanto del Consejo General del Poder Judicial como de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC.

Para el TSJC, quedó demostrado que Salvador Alba «torció» ese procedimiento penal para obtener de forma ilícita contratos que pudieran incriminarla, incluso ofreciendo a Ramírez la posibilidad de archivar su caso no solo por una mera nulidad formal, sino entrando «al fondo del asunto» de forma que quedara definitivamente a salvo de las reclamaciones de Hacienda y la Seguridad Social por el presunto fraude en las cotizaciones de sus empleados.

En la actualidad, Ramírez se enfrenta en ese procedimiento a una solicitud de condena por parte del Ministerio Fiscal de 21 años de cárcel y 105 millones de euros de multa, por un presunto fraude millonario a la Seguridad Social que perjudicó a los trabajadores de su entonces empresa de vigilantes: Seguridad Integral Canaria.

El TSJC remarcó que, en ese «singular caso», Alba buscó no solo perjudicar a Victoria Rosell -que a la postre acabó dimitiendo como diputada-, sino también «favorecer» la opciones de que el Tribunal Supremo admitiera la querella que había formulado contra ella con ese mismo tipo de acusaciones el entonces ministro y rival político en la circunscripción electoral de Las Palmas, José Manuel Soria.

Parte de los hechos por los que fue condenado Alba se sustanciaron ante la propia Sala de lo Penal del Supremo, a la que el magistrado envió informes sobre Rosell que contenían omisiones constitutivas de falsedad -según el TSJC- y que contribuyeron a que el Alto Tribunal aceptara investigar a la entonces diputada de Podemos.

Tras la dimisión de Victoria Rosell, esa querella fue derivada a la Sala de lo Penal del TSJC, que la archivó, al no observar indicios de delito en la actuación de la magistrada.

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