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Rick, ¡aquí se miente!

José Francisco Fernández Belda

En la España política de los últimos años se ha visto de casi todo, antes y tras el inicio de la pandemia. Pero sobre todo, y reconozco que es lo que peor llevo, es ver y oír al Gobierno mentir con total descaro y, lo que es aún más siniestro, volver a mentir para desmentir. Cada martes comparece la portavoz María Jesús Montero, la Marisú de Chaves y Griñán, para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Ministros. La liturgia es similar en cada comparecencia, empieza siempre atacando vilmente a la oposición, con claro e impertinente abuso de ese dominante púlpito. Debe ser que de eso es de lo que se habla en el Consejo. Ya despachada a gusto, desgrana farragosamente mentira tras mentira, sobre todo cuando culpa a Bruselas de lo que sea menester o sea impopular. A veces se hace acompañar por los ministros que aún no se avergüenzan en dejarse ver en público, para que aporten su alícuota parte de falsedades. Eso sí, los ministros más políticos sólo evacuan por twitter sus aportaciones.

Cuando las mentiras son muy gordas, también el inefable Ábalos suelta una perorata similar en Ferraz. Lo hace con desparpajo ante el estupor y la vergüenza ajena de los periodistas, con frecuencia obligados a permanecer silentes o ejerciendo de aplaudidores. Confieso que cuando Ábalos llegó a contar hasta siete versiones tan distintas como evidentemente falsas del asunto llamado “Decygate”, me vino a la imaginación aquella mítica escena de la película Casablanca en la que un cínico y corrupto capitán Louis Renault le cerraba el bar a un atónito Rick Blaine con aquella frase de “¡aquí se juega!”, mientras recibía sus ganancias en las apuestas. Pero en mi imaginación, lo que ahora clama Renault es “¡aquí se miente!”, con las 40 maletas pasándole por detrás al ministro socialista hacia un destino aún no revelado, ni por él ni por Marlaska.

Pero la mentira sistemática, para nuestra desgracia, llega también al peligroso terreno de la lucha contra la pandemia, que ha dejado ya un número de muertos que el Gobierno se niega a detallar con objetividad, y que cruzando datos de fuentes oficiales, es al menos el doble de lo que reconocen. Una de esas situaciones que sin duda es esperpéntica, con un toque de trágica indiferencia o con un punto de sadismo y desprecio a los ciudadanos, es la relacionada con el fin del estado de alarma, ese que el Dr. Sánchez se niega a requerir una nueva ampliación con el falaz razonamiento, es un decir, de que las CC.AA. tienen recursos legales suficientes para enfrentar la situación de la pandemia que está instalada entre nosotros. No hay medio de comunicación ni gobierno autonómico que no pregunte a los ministros por esta espinosa cuestión. Pero el Gobierno Central se lava las manos y pone como árbitro de este partido a los tribunales superiores autonómicos, haciéndoles participar en un juego que es pura y principalmente médico, también político, pero no lo es judicial.

Preguntado por esta polémica cuestión el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, Carlos Flores, argumentó que si el Dr. Sánchez pidió uno detrás de otro dos estados de alarma porque había una alarma sanitaria cierta, si ahora no quiere volver a solicitar la prórroga es porque entiende que aquella alarma, que él consideraba imprescindible para tomar medidas restrictivas de derechos fundamentales básicos, ya no existe y por lo tanto no es necesario pedirla. Más claro, agua. Pero es igual, como Pilatos, se lava las manos y deja a los sanedrines locales el “marrón”, no vaya a ser que le salpique la enfermedad o la muerte de los ciudadanos.

Al mismo tiempo los ministro del Dr. Sánchez repiten y repiten que las CC.AA tienen las herramientas legales necesarias para decretar las medidas restrictivas de derechos fundamentales que consideren oportunas. Eso sí, deberán ser avaladas, o “baladas” en algunos territorios, por sus respectivos Tribunales Superiores de Justicia, siendo más que probable que cada uno baile la partitura como el poder político interprete la melodía. Es evidente que el Gobierno de España renuncia a cumplir con sus obligaciones y descarga sus responsabilidades estatales en otras instituciones sin dotarlas de la legislación nacional oportuna tras mas de seis meses en que el Gobierno estaba mirando los celajes, y de reojo a Galapagar y a la Generalidad, afectan seriamente los planes vitales de muchos ciudadanos.

Esta situación recuerda lo acaecido con los Reinos de Taifas de marras, precedentes del desgobierno y del sectarismo político que sólo atiende a sus intereses y no al bienestar de los españoles. En resumen, como señala Carlos Flores: “Si se acaba el estado de alarma, porque la alarma se ha terminado, ¿por qué las CCAA se empeñan en querer seguir como si hubiera un estado de alarma?”. Y en mi humilde opinión, es obvio que el bicho chino sigue atacando, cosa que los auténticos gestores y expertos médicos saben perfectamente, por más que el Gobierno hable de vacunas que no acaban de llegar en tiempo y cantidad.

Y, para terminar, creo que conviene reflexionar sobre el hecho constatable de que los políticos mienten en España continuamente en cantidades industriales, tal sólo comparables con las declaraciones públicas en las llamadas democracias populares o comunistas. Y que los políticos mientan no es posiblemente una novedad en el mundo mundial ni es lo peor que nos puede suceder. La tragedia en España está en que no sólo no tiene consecuencias el mentir, sino que parece ser un mérito para llegar a ser alguien en el social-comunismo.

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