Tribuna Libre

En el 42 aniversario de la Constitución

Tendríamos que estar orgullosos de poder celebrar el 42 aniversario de nuestra Constitución por habernos dado los años de mayor prosperidad económica de nuestra historia y el periodo más largo de convivencia pacífica desde la primera Constitución de 1812.Pero también es obligado expresar nuestra inquietud por los nubarrones que se ciernen sobre ella en este momento que nos ha tocado vivir. Fundamos Sociedad Civil Malagueña en 2018, impulsados por la crisis de ingobernabilidad crónica que padecíamos desde el 2015, agravada por el golpe separatista en Cataluña de octubre de 2017, que nos instaló, desde entonces, en la mayor crisis política vivida en los 40 años de democracia; por ello, en 2019, organizamos en Málaga una manifestación a la que convocamos a todos los partidos que se quisieran sumar a ella.Y ahora, un año después, tenemos que decir que los motivos para defender la Constitución se han hecho más perentorios que nunca.

Estamos ante una nueva etapa de inestabilidad política de las muchas que ha sufrido la historia de España. En los 40 años que siguieron a la Transición hemos padecido el terrorismo, el golpismo militar y la corrupción siempre presente, pero ninguna de las crisis conocidas se asemeja a las que nos asola actualmente. Estamos ante el riesgo más que probable de desintegración del Estado porque el Gobierno de la Nación -algo que sería insólito en cualquier otro país europeo- ha decidido dirigir el país con quiénes proclaman, sin ambages, que quieren dinamitar la Constitución, acabar con la Monarquía y fragmentar territorialmente el Estado.

Si hemos llegado hasta aquí ha sido posible porque el bloque de fuerzas (de izquierdas y derechas) que hizo posible la Transición y dio como fruto nuestra Carta Magna se ha roto irremisiblemente, y esto trasladado a día de hoy significa -mirado como se mire- que la coalición (PSOE y Unidas Podemos, con el apoyo de las formaciones separatistas) que nos gobierna ha abandonado de forma insensata el consenso constitucional en el que descansaba la estabilidad del sistema. Es una situación parangonable a la del año 2003 con el Pacto del Tinell, pero con un salto cualitativo llevado hasta las últimas consecuencias.

En este contexto -notablemente condicionado por la tragedia sanitaria y económica en la que nos ha hundido la pandemia del coronavirus dejando a los ciudadanos política y socialmente indefensos- asistimos impávidos a la lucha ideológica entre los partidos para concluir que esta lucha es más necia y estéril que nunca. Y éstos (los partidos) no terminan de darse cuenta que la radicalización política a la que nos están sometiendo resulta inaceptable para la mayoría de nuestros compatriotas. De esta polarización son responsables las formaciones políticas, que se han ido a los extremos del tablero, porque los ciudadanos todavía siguen instalados en el centro, sin ser protagonistas de la batalla que se está librando. También sería injusto repartir a partes iguales las responsabilidades de los contendientes. Sopesándolo mucho, nosotros estamos convencidos de que es el actual Gobierno el que está sometiendo al sistema democrático a unas tensiones intolerables.

La urgencia que está imprimiendo el Gobierno a la aprobación de medidas de gran calado, sin importarle el consenso de la oposición y de los ciudadanos, es excesiva: las cesiones a los separatistas vascos y catalanes en pago a apoyos parlamentarios, la Ley de Educación que convierte el castellano en una lengua extranjera en territorios bilingües, el presunto Ministerio de la Verdad para perseguir la “desinformación”, la pretendida armonización fiscal, la priorización de la legislación antidesahucios, la insistencia en imponer una llamada Memoria Democrática de sesgo sectario y revanchista, la indisimulada obsesión de rebajar la mayoría parlamentaria necesaria para elegir un gobierno de los jueces políticamente controlado, y todo ello bajo un estado de alarma que da al presidente poderes autocráticos durante 6 meses, augura un futuro democrático ciertamente preocupante. Que este Gobierno, haciendo gala de un comportamiento propiamente iliberal, sostenga todo su discurso político en la palabra democracia resulta todo un contrasentido que resulta difícilmente asumible.

La realidad es que estamos asistiendo a un proceso de carácter destituyente, a una sistemática deconstrucción del Estado que parece no tener freno y que tendrá una repercusión evidente en la previsible situación social que se avecina. A tenor de las cifras que se manejan en el cuadro macroeconómico la situación en las familias en los próximos meses puede hacerse dramática.Se prevé una deuda pública superior al 120%, un déficit del 14 %, un paro del 20 % y el covid-19 nos ha dejado ya unos datos solventes de más de 60.000 muertos.

Ante este panorama no es sorprendente que los ciudadanos vivan una crisis de confianza en la política y en los políticos, máxime cuando los partidos parecen comportarse ignorando que están obligados a cumplir su función de legitimación democrática del sistema político. Sociedad Civil Malagueña no puede pretender suplantar el papel esencial que corresponde a los partidos, pero su misión no puede ser otra que reflejar el malestar de los ciudadanos.Los que estamos fuera del juego profesional de la política también tenemos la obligación de denunciar los vicios del sistema y acompañar esta labor de la aportación de soluciones.

En la difícil situación por la que atravesamos creemos llegado el momento de movilizar a los ciudadanos en un movimiento cívico que les una por encima de las ideologías y salve la Constitución, la unidad de España y el sistema de libertades que consagra el Estado de Derecho. La crisis política de hoy no se puede resolver en la confrontación izquierda-derecha, sino en la opción Constitución o Populismo. Es en esta dicotomía donde la presencia de la Sociedad Civil organizada es capital para hacer vascular la situación en favor del constitucionalismo y en pro de un Gobierno de unidad nacional que permita salir a flote de la situación en la que estamos encallados.

Se trata de construir un nuevo consenso que nos evite hundirnos de nuevo en la dialéctica de las dos España, donde una mitad del país someta a la otra mitad. Se trataría de una nueva Transición, donde sobrarían debates extemporáneos, en este momento, como el de Monarquía o República. Tenemos que ser conscientes que el país ya no funciona, por eso este aliento regenerador tiene que ir acompañado de una propuesta de reformas que cambien la estructura del país, empezando por la Ley Electoral, porque si no renovamos la clase política es imposible pensar en transformación alguna que pretenda modificar el Sistema de Justicia, el modelo territorial, la Educación o la propia Constitución, cuya necesaria reforma no equivaldría a abrir un nuevo proceso constituyente, tal como están anunciando algunos miembros del Gobierno. Se hace urgente también redimensionar el Estado eliminando el gasto público improductivo. Los ciudadanos son conscientes de que sobran políticos en todas las Instituciones, así como asesores, Administraciones paralelas, Agencias, Fundaciones, Consorcios y nóminas que no aportan valor añadido.

Las Sociedades Civiles organizadas tienen por delante una ingente labor de pedagogía social y política, que incluye el abordar el mayor trastorno moral que sufre la sociedad española, que no es otro que el hecho de que un alto porcentaje de españoles han aceptado convivir colectivamente con la mentira política.

Gerardo Hernández Les

Presidente de Sociedad Civil Malagueña

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