Cultura

Llega a España el Ministerio de la Verdad

Y al final se hizo. Una ley que va a por los fundamentos de la reconciliación nacional vivida por este país durante el proceso de Transición y su ya mítica Ley de Amnistía. El gobierno Sánchez culmina así la ruptura definitiva con el espíritu de la Transición que posibilitó estas décadas de convivencia pacífica probablemente únicas en la larga historia de nuestro país. Pasamos del oprobio de un relato impuesto por la dictadura, al oprobio de un gobierno que se arroga la capacidad de imponer su propio relato de la Historia de España. Como diría Unamuno de los «hunos a los otros»…

La futura ley de Memoria Democrática, que este martes ha pasado su primer trámite en el Consejo de Ministros, declarará «nulos de pleno derecho» los juicios sin garantías del franquismo y permitirá, según cálculos del Gobierno, recuperar de las fosas unos 25.000 cadáveres de represaliados en cuatro años.

El anteproyecto de la norma, que ahora pasará por el examen jurídico del Consejo General del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal, prevé transformar el Valle de los Caídos en un cementerio civil en el que se rinda homenaje a las más de 30.000 víctimas de ambos bandos que reposan en la cripta.

Para resignificar el Valle de los Caídos como cementerio civil, se retirará a los benedictinos la custodia de la basílica, aunque, de momento, no está sobre la mesa demoler la gran cruz que preside el recinto.

Estos son algunos de los puntos más destacados de una ley que ahora comienza su tramitación y que prohibirá también aquellas fundaciones o asociaciones que reciban fondos públicos «que promocionen el totalitarismo o enaltezcan figuras dictatoriales», según fuentes gubernamentales.

Además, el texto, de cinco títulos y 66 artículos, incorpora un régimen sancionador, que contiene multas de entre 200 y 150.000 euros. Las sanciones más altas castigarán, por ejemplo, el traslado de víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura sin autorización o la destrucción de fosas o de los lugares de memoria o incluso la falta de adopción de medidas para impedir actos de exaltación del régimen que supongan «humillación» de los represaliados o sus familiares. Asimismo, se creará una Fiscalía de Sala en el Tribunal Supremo para la investigación de los hechos producidos entre la contienda y la aprobación de la Constitución. También habrá un censo oficial de víctimas.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, que ha impulsado la norma, ha explicado que el nuevo texto plantea también suprimir todos los títulos nobiliarios relacionados políticamente con la dictadura, como el ducado de Franco.

Asimismo, se retirarán las condecoraciones a personas relacionadas con el régimen franquista y que recibieron esas menciones por su actividad en contra de la democracia, como fue la concedida en su día al policía fallecido Billy el Niño.

Dentro de las medidas para recordar y rendir tributo a las personas que padecieron la dictadura, se transformará el actual Panteón de Hombres Ilustres en un Panteón de España, donde se reconozca el valor histórico de hombres y mujeres españoles de la política, la ciencia o las artes.

En materia de fosas, se creará un banco de ADN que facilite la identificación de los restos todavía pendientes de recuperación, aunque antes será necesario elaborar un censo oficial de víctimas, ya que, aunque hay estimaciones históricas, no existen datos fiables al respecto.

De momento, y hasta que entre en vigor la nueva normativa, el Ejecutivo continuará tramitando subvenciones al amparo de la Ley de Memoria Histórica de 2007 para que las asociaciones puedan seguir trabajando en las exhumaciones.

En este ámbito, la futura ley creará una Fiscalía de Sala en el Tribunal Supremo para proteger los derechos de las víctimas de la represión y la dictadura y a la que podrán acudir las familias para presentar denuncias de desapariciones al amparo de los preceptos internacionales sobre derechos humanos suscritos por España.

El Gobierno no ve en principio que esta Fiscalía, que define como «potente» y cuya activación exigirá la modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, choque con la Ley de Amnistía de 1977.

De hecho, el papel de la Fiscalía especial y la declaración de nulidad de los juicios sin garantías de la dictadura constituyen algunos de los aspectos más delicados, desde el punto de vista jurídico, que se tendrán que esclarecer durante la tramitación de la ley.

No obstante, el Ejecutivo está convencido de que el planteamiento es viable y pertinente, al invocar en todo momento las recomendaciones de organismos internacionales.

Más allá de estos aspectos jurídicos y en el ámbito más simbólico, el anteproyecto incluye el establecimiento de dos fechas conmemorativas, el 31 de octubre, cuando las Cortes aprobaron la Constitución, y el 8 de mayo, fecha de la liberación europea del nazismo, para recordar a las víctimas de la dictadura y a los exiliados españoles.

La protección de los archivos que permitan recuperar ese legado, el impulso a la investigación de episodios históricos represivos e incluso el retorno a España de fondos documentales del exilio también se incorporan a esta ley de Memoria Democrática. Obviamente todos los estudios tendrán que ir encaminados a reforzar la interpretación gubernamental de la historia de nuestro país.

También se aplicará en el ámbito educativo, ya que el estudio de la Memoria Democrática se incorporará al currículum de la educación secundaria y el bachillerato y también a la formación del profesorado.

Calvo ha anticipado que el desarrollo de esta nueva norma, que actualiza la Ley de Memoria Histórica de 2007, será muy largo y, como se tardará «mucho tiempo» en aplicar, se prevén planes cuatrienales que garanticen su viabilidad presupuestaria.

Se trata, ha enfatizado la vicepresidenta, de un «texto urgente», porque la democracia «no podía permitirse seguir un día más sin tener encima de la mesa una ley como ésta», que va a permitir «homologar» la democracia española a las más avanzadas del mundo.

En definitiva, un torpedo a la línea de flotación del espíritu de reconciliación entre españoles y una interpretación coercitiva, que instaura un pensamiento único e intolerante contra la posibilidad de la mínima discrepancia respecto a la interpretación de la Historia de España del gobierno Sánchez. Una pena, después de décadas de libertad de pensamiento y de investigación e indagación histórica sobre un periodo de nuestra Historia que llenaría cientos de bibliotecas, llega el ministerio de la verdad, bajo el disfraz de una ideología de «progreso».

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