Foro España

Sobre la injusticia de la ocupación de casas de los ciudadanos

Vayan con cuidado. Procuren que nadie ocupe su casa, que nadie se aproveche de su impuesto confinamiento o, simplemente, de su segunda residencia. Sepan que, si la policía no actúa en las primeras 48 horas, necesitaran, para recuperarla, de una orden judicial de desalojo, presentando, previamente, una demanda civil de desahucio que puede tardar en resolverse entre uno y tres años. Casi nada.

La ley 5/2018 que reforma la Ley de Enjuiciamiento Civil, tiene como fundamento el artículo 441 del Código Civil en cuya virtud “En ningún caso puede adquirirse violentamente la posesión mientras exista un poseedor que se oponga a ello”, reforma que se ha mostrado ineficaz atendidos los tiempos de tramitación del juicio verbal y sus recursos.

Todo Estado democrático que se precie de tal, se asienta sobre tres pilares: la libertad, la propiedad y la seguridad. La quiebra de uno, cuando no de los tres implica la usurpación de nuestros derechos y libertades: el primer paso hacia la dictadura.

Uno, que se sabe partícipe de un Estado democrático, se queda boquiabierto cuando observa que el Gobierno, en parte por acción, y en parte por omisión, no sólo no hace nada para resolver este grave atentado a los derechos de la ciudadanía, sino que alienta la ocupación de su vivienda… y hace que pensemos: “Te la han jugado una vez más, este es un país invadido”.

Con un Presidente del gobierno sin otra perspectiva política que su mantenimiento en el poder a toda costa, incapaz de promover un proyecto político para el futuro de España, incumplidor de sus promesas, impotente a la hora de hacer cumplir, como es su obligación, las funciones básicas de un Estado garante de la propiedad privada y del derecho de contratos, prefiere hacer dejación en sus socios “podemitas”, maestros del elogio y aplauso, al desacato perpetrado sistemáticamente por los llamados “okupas” (con K). Poco se puede esperar.

A cualquier ciudadano de a pie le sonrojará escuchar que “sólo lo público puede solucionar la crisis”, olvidando el enorme esfuerzo que tantos españoles hicieron y siguen haciendo, ahorrando toda su vida para adquirir una vivienda y que de repente se encuentran con que alguien puede apropiarse sin más de ella, sintiéndose desprotegido por un Estado al que aportan una buena parte de su trabajo y de su existencia. Ya lo decía mi amigo el profesor Manuel Sanchis “el Estado está obligado a protegernos”.

Podemos y sus adláteres, conciben la política como enfrentamiento y confiscación de aquello que les pueda interesar. A base de un discurso ideológico maniqueo, sectario y divisivo, Podemos, busca la fragmentación de la ciudadanía y su divorcio civil, obviando con gran desvergüenza sus propias corruptelas y, como si de una monarquía absolutista se tratase, nombra cargos públicos entre familiares y devotos, en base a intereses espurios y no en los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Todo ello a fin de arrastrar a España hacia modelos que están fuera de la economía de mercado y de nuestra tradición cultural e histórica. El hecho de ocupar las casas, porque sí, es intolerable. Erradiquemos unidos, este hecho de una vez por todas.

En las circunstancias actuales se hace más necesaria que nunca la activación de una conciencia cívica, intolerante ante los abusos del poder y ante leyes que no pueden serlo debido a su injusta naturaleza pues como señala H.L.A. Hart: “las leyes hechas por el hombre que están en contradicción con estos principios [de moralidad verdadera o justicia] no son leyes válidas, ‘Lex injusta non est lex’.” (The Concept of Law, Oxford University Press, 2012:156).

Los ciudadanos requieren élites ejemplares, políticos eficaces y pragmáticos que acaben con “su retórica partidista beligerante” y se dediquen de una vez por todas, a reconstruir y mejorar una sociedad escindida, pero, ante todo, alguien que, con buen juicio, “atienda al bien común, y corrija las veleidades tacticistas y oligárquicas o demagógicas de sus elites” para sacar beneficios políticos (Víctor Pérez Díaz: El dilema de la democracia, publicado en El Mundo, 18 de junio de 2020).

Eso es lo que anda promoviendo y llevando a cabo “España Cívica”, interesada por la política como ciudadanos que formamos parte de la “polis” y estamos preocupados por sus asuntos.

España Cívica defiende la Constitución y está abierta a su reforma, como la propia Constitución posibilita, propone un gobierno formado por partidos constitucionalistas, en defensa de las libertades ganadas a pulso por los ciudadanos españoles.

España Cívica pide leyes claras y simples y mayores medios para una mejor gestión de la Justicia a fin de acabar con esos “okupas”, apoyados por quienes jalean la ruptura y el desencuentro entre españoles y que hoy, inexplicablemente, forman parte del gobierno de la Nación.

España Cívica se pregunta ¿Qué hacen los de Podemos, pues, en el gobierno de España? Y lo pregunta para incidir, junto a todas las fuerzas políticas y sociales democráticas, en la defensa de estos derechos inalienables que todos los españoles, sin excepción, nos hemos dado gracias a nuestra Constitución.

*Con nuestro agradecimiento al profesor Manuel Sanchis.

Fernando Mut Oltra, Vicepresidente de España Civica, Sociedad Civil Valenciana

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