Uncategorized

AZVA vs Hidalgo: AZVA denuncia ante la Fiscalía al Alcalde de Las Palmas de Gran Canaria

La asociación canaria de Afectados de Zonas Verdes y Azules AZVA ha denunciado ante la Fiscalía al Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Sr. Augusto Hidalgo Macario, al Concejal del área de Movilidad, Promoción Económica y Ciudad del Mar, D. José Eduardo Ramírez Hermoso y al Gerente de la empresa municipal SAGULPA, D. José Ricart Esteban ante Fiscalía por una serie de presuntos delitos contra la Salud Pública, una presunta prevaricación y delitos sobre la prevención de riesgos laborales de los trabajadores de la empresa que gestiona los aparcamientos de la ciudad, SAGULPA. AZVA ha considerado la posibilidad de que existan diversos delitos de carácter fiscal y relacionados con la gestión de la tasa de aparcamiento, así como la tasa de pago voluntario por aparcar y aquella que considera al ayuntamiento que es tasa “sancionadora”, coloquialmente conocida como multa.

Según nos informan fuentes de la citada organización AZVA, la denuncia realizada se sustenta «en el entendimiento por parte de la asociación de que los denunciados pueden haber cometido, presuntamente varios delitos, entre los que se encuentran, la presunta comisión de un delito contra la salud pública  contra los trabajadores, con consecuencias negativas hacia la salud de los ciudadanos, al entender que se están cometiendo infracciones de normas de prevención de riesgos laborales, al no facilitar a los trabajadores y usuarios los medios y la información necesaria para que puedan desempeñar su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, poniendo en peligro sus vidas y la de todos los ciudadanos, todo ello, teniendo en cuenta que estamos en estado de alarma y pese que el alcalde había manifestado que durante el estado de alarma se mantendría suspendido el servicio de zonas verdes y azul, ha levantado la suspensión de dicho servicio y ha enviado a los trabajadores de SAGULPA a las calles con un único fin recaudatorio, quitando la importancia a esta pandemia que sufre todo el mundo. El alcalde no se sitúa en una desescalada como el propio Gobierno había acordado, es decir, progresiva, creando un perjuicio económico hacia los usuarios de las vías del municipio, viéndose obligados a abonar por estacionar sus vehículos, cuando la mayor parte de las pequeñas y medianas empresas están aún cerradas o no están abiertas al 100 %».

Para AZVA una de las cuestiones más interesantes tienen relación con el préstamo realizado por el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, cedido por el ayuntamiento en plena pandemia y estado de alarma a la empresa SAGULPA, que a su vez aprobó, por medio de su consejo de administración, del que es presidente el concejal José Eduardo Ramírez Hermoso, sus cuentas anuales con un superávit de 1.567.248,30 € en sus arcas y veinticuatro horas después aprobó el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria una cesión de préstamo de 900.000 € a devolver en el plazo de doce meses sin intereses y la asociación manifiesta que “ lo solicita con el único propósito de hacer frente a proveedores y a los trabajadores. Queremos recordar que SAGULPA cuenta con 144 trabajadores, los cuales, a pesar de no haber tenido actividad, prefirieron mantener y no recurrir a un ERTE como la gran mayoría de las empresas, por eso, consideramos que dicha actuación pudiera ser irregular y debe ser objeto de investigación. De igual modo, como ya hemos señalado en numerosas ocasiones, entendemos que puede ser incluso motivo de una presunta prevaricación omisiva, dado que no existe informe que avale el posible impacto sobre la salud de sus trabajadores y el de los usuarios de las vías públicas, yendo incluso contra las normas sanitarias que lo desaconsejan.”

 También el escrito interpuesto en Fiscalía  interpela ya que  «el trato de la tasa tributaria, que en primer lugar debe ser manipulada por personal estatal habilitado para realizar esta función, es decir por funcionarios encargados de fiscalizar la tasa y en segundo lugar, ésta debería aparecer en los epígrafes del presupuesto municipal y no ocurre así, con la tasa proveniente de parquímetros en cuanto a la sanción se refiere, haciendo una gestión indirecta, presuntamente, del servicio cuando debe ser gestión directa de la misma, según enmarca la ley de tasas, la ley de Haciendas Locales, así como diversos informes escritos por el propio Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y también por el Tribunal de Cuentas, máximo órgano fiscalizador a nivel nacional«.

Sin embargo como indican desde AZVA sendos informes que la asociación fue recopilando durante estos tres últimos años y medio y manifiestan que: “Sin embargo, en numerosas comparecencias la propia empresa municipal SAGULPA y diversos informes del ayuntamiento afirman que la tasa  relacionada con las monedas ingresadas en los parquímetros es ingresada al 100 por cien en las arcas de Sagulpa y no encontramos ningún epígrafe municipal donde aparezca esa tasa en particular fiscalizada dentro del presupuesto municipal en los pasados años de recaudación de la misma, sin embargo sí aparece aquella que necesita la intervención municipal para realizar embargos en las cuentas, pero incluso y curiosamente, con el nombre cambiado en su título. La recogida de la tasa voluntaria, las monedas percibidas en cash por parquímetros no tiene, presuntamente, un verdadero control y fiscalización de dichos ingresos por parte del ayuntamiento, pudiendo todo ello, además, presuntamente subsumirse en varios delitos de tráfico de influencias, cohecho y prevaricación. Ha de tenerse en cuenta, que los Tribunales han dado la razón a los ciudadanos que han recurrido las tasas de liquidación de las tasas por estacionamiento, obligando al Ayuntamiento a devolver todas las cantidades embargadas hasta ese momento, por lo que si ya se han saltado la Ley General Tributaria, ¿Por qué no podría estar pasando lo  mismo en otras situaciones que acabamos de enumerar, que nos resultan irregulares, todas aquellas situaciones que acabamos de expresar para este periódico?”.

Para dicha asociación estas informaciones aportadas en esta demanda a Fiscalía son solamente la punta del iceberg de un comportamiento por parte del consistorio capitalino susceptible de ser delictivo.

Esta web utiliza cookies, puede ver aquí la Política de Cookies
A %d blogueros les gusta esto: