Tribuna Libre

Actualización económica y mercantil de los efectos del COVID-19

Según el FMI, en su informe publicado el pasado mes de abril bajo el título de “World Economic Outlook”, la crisis del Covid‐19 representa el mayor desafío para la economía global desde la Gran Depresión. Y es que el doble efecto que, desde el lado de la oferta y la demanda, por culpa de la pandemia y las medidas de confinamiento, ha provocado un parón de la actividad que se extiende a través de todos los continentes.
La Comisión Europea calcula que la economía española se desplomará un 9,4% y el déficit público alcanzará el 10,1% este año, mientras que la tasa de paro escalará hasta el 18,9% y la deuda se situará en el 115,6% del PIB.
Sin duda, datos macroeconómicos que hace presagiar los problemas a los que empresas, autónomos y trabajadores tendrán que hacer frente.

Según detalle del último informe publicado de la Subdirección General de Estadística y Análisis Sociolaboral, del Ministerio de Trabajo y Economía Social, entre marzo y abril del presente año, 91.240 empresas se han dado de bajo en la Seguridad Social; unido al actual número de desempleados registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que aumentó en 282.891 personas en el mes de abril respecto a marzo; aumentando hasta la cifra de 3.831.203 personas demandantes de empleo. Supone un aumento del 7,97% respecto al mes de marzo, distribuido por Comunidad Autónoma según detalle a continuación:

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/estadisticas/datosavance/datos.html

Si al número de desempleados actuales, contabilizásemos además a los afectados por los ERTE llegaríamos a una tasa de desempleo del 22,4%, tal y como prevé FUNCAS en su informe “El Gran Confinamiento de la Economía Española” del 23 de abril del 2020:

El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, en su capítulo II, se establecían un conjunto de medidas de flexibilización que permitían agilizar los mecanismos previstos legalmente para que las empresas y las personas trabajadoras pudieran suspender o reducir su actividad, permitiendo, de esta forma, el acceso a las prestaciones económicas necesarias. Estas medidas respondían a un doble objetivo: • Establecer los mecanismos necesarios para que los procedimientos de suspensión o reducción de la jornada que resultan aplicables, conforme a la legislación vigente, tuviesen la agilidad necesaria para garantizar que las consecuencias socioeconómicas de la situación de emergencia sanitaria tuvieran el menor impacto posible en el empleo. • Proteger a las personas trabajadoras, tanto su salud y seguridad, conteniendo la progresión de la enfermedad mediante el confinamiento y otras medidas de contención, como garantizando el acceso a ingresos sustitutivos a todas aquellas personas trabajadoras que se vieran afectadas por los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).
Añadía, además, en su Disposición Adicional Sexta, que todas las empresas que se acogieran a los ERTES del RD Ley 8/2020 deberían mantener el empleo durante 6 meses cuando reanudan su actividad.
El recientemente aprobado Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo, modifica el Real Decreto-ley 8/2020, en los siguientes términos la Disposición final primera. Tres:
“4. No resultará de aplicación el compromiso de mantenimiento del empleo en aquellas empresas en las que concurra un riesgo de concurso de acreedores en los términos del artículo 5.2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.”
Dada la gravedad de la situación económica, y la previsión ascendente cada día de empresas que, o bien se reestructuran o inician un proceso concursal para preservar la actividad, o están
destinadas a desaparecer. Es el momento, por tanto, de prever, reestructurar, y en su caso, empezar a trabajar en un posible proceso concursal que garantice la continuidad de la actividad económica de aquellas empresas que puedan estimar una recuperación muy lenta de su actividad, incumplimiento en materia laboral y de pagos en general.

Jonathan Márquez Lasso – Economista en Stellvest

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