Economía

Valoración del último informe del FMI y las consecuencias para el tejido empresarial.

El pasado 14 de abril, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó el Capítulo 1 del informe “Perspectivas de la Economía Mundial” bajo el título “La Gran Recesión”, teniendo en cuenta, y valorando, los dramáticos efectos que sobre la economía tendrá la actual pandemia del COVID-19.

Nos enfrentamos, aparte de lo más importante, que es luchar y ganar la batalla al virus; a la incertidumbre de no tener memoria económica que nos permita reaccionar y tomar decisiones para hacer frente al efecto económico; y es que, a diferencia de anteriores crisis, las autoridades ahora no pueden tomar medidas económicas que permitan impulsar la actividad económica a corto plazo. El problema al que nos enfrentamos, es que sencillamente, esta crisis es consecuencia de las medidas de confinamiento impuestas. La población se queda en casa, las empresas cierran sus puertas y la actividad económica se paraliza.

El FMI adelanta en su informe, que posiblemente estemos ante la peor recesión desde la Gran Depresión. Recordemos que aquella crisis produjo en Estados Unidas una caída del 27% del PIB y el desempleo llegó al 25% y una deflación de casi el 37%.

Los efectos análogos que el FMI pronostica para nuestra economía son de similar calado, pero afortunadamente con un periodo de recuperación menor. Tal y es así, que se pronostica un descenso de la economía a nivel mundial del -3% durante el 2020 (peor que la registrada en la crisis del 2008), y aún peor en España un -8%, que en España previsiblemente se reflejará en un 21% de desempleo.

Pero la Unión Europea, y los países que lo integramos, no necesitamos las mismas medidas. Será necesario promulgar políticas fiscales, políticas económicas y políticas financieras; y sobre todo ponernos de acuerdo para tomar decisiones, sobre todo en política económica y financiera, para cubrir las necesidades, que no serán por igual, de todos los países. De hecho, ya estamos viviendo los primeros enfrentamientos entre el “Bloque Norte” y el “Bloque Sur” de la Unión; y esto no ha hecho más que empezar.

Todo hace pensar que la economía volverá a reactivarse paulatinamente, y por sectores, a partir del último cuatrimestre del presente año tras un periodo lento de apertura y adaptación económica que previsiblemente comenzaremos a ver atisbos de normalidad hacia final de año. En esta línea, el propio Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social; afirmó el 14 de abril en nota de prensa que “…está trabajando en dos fases para las medidas de ayuda a los sectores más afectados: excepcionalidad atenuada, que durará hasta este verano, y normalidad atenuada, que se prolongará hasta final de año”. Se deduce de las palabras de la Ministra, en aplicación a los sectores económicos, que la última fase en reactivarse, hacia final de año, será el sector servicios, que aporta el 67% al PIB de España, y más sensible en la Comunidad Autónoma de Canarias, con una dependencia del sector de un 85%.

Ante esta previsible situación de alargar la reactivación económica, los ERTES por fuerza mayor, que acabarían cuando se levante el estado de alarma, se convertirán en ERTES por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción; en despidos o ERES, insolvencia de las empresas para hacer frente al pago de sus obligaciones y en última instancia en concurso de acreedores.

El concurso de acreedores tiene lugar cuando la empresa no puede atender a sus pagos exigibles (insolvencia actual) o que no prevé que pueda hacer frente a esos pagos (insolvencia inminente).

El procedimiento concursal tiene por objetivo, en el mejor de los casos, la supervivencia de la empresa en el marco de un convenio con sus acreedores para el pago de las cantidades pendientes o, si no es viable la continuidad, la liquidación del patrimonio del concursado, abonando con el fruto de la misma siquiera alguna parte de las cantidades adeudadas.

Es importante en estos momentos, tras ponderar adecuadamente todas las opciones, planificar la hoja de ruta de la supervivencia, de la reestructuración y, si simultáneamente nos encontramos ante un estado de insolvencia actual o inminente, el inicio de un procedimiento concursal. Para ello, ahora más que nunca, es imprescindible contar con el mejor equipo que en todas las materias, ayuden a las empresas a sobrepasar estos difíciles momentos que se nos avecinan.

Jonathan Márquez es economista y socio-director de Stellvest

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