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Una mesa para desbordar la Constitución

Pues ya está definida. Ya está preparada una mesa destinada a sustituir a las instituciones y crear una legalidad ad hoc, insólita en nuestra democracia. Una mesa de negociación en la que previsiblemente, más bien con absoluta seguridad, se abordarán aspectos de dudoso encaje constitucional.

Una mesa que el gobierno ha denominado eufemísticamente «de diálogo» que no es más que otra cesión más, la enésima ya, a sus socios de gobierno de ERC y Podemos. En esa  mesa de diálogo no estará representado el constitucionalismo ni español ni mucho menos catalán. Toda una premonición de que lo que se va a tratar va a ser pues eso fuera de los límites de la legalidad vigente o por lo menos en sus difusos bordes.

El presidente del Gobierno ha dado sus últimos retoques a su mesa del «diálogo» con la incorporación de la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María J. Montero, y el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, a la mesa de diálogo entre el Ejecutivo y la Generalitat sobre la autonomía catalana que se reunirá por primera vez este miércoles.

Junto a estos los ya sabidos del Govern que estará representado por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, el vicepresidente catalán, Pere Aragonès, el consejero de Políticas Digitales, Jordi Puigneró; el de Acción Exterior, Alfred Bosch; la diputada de JxCat, Elsa Artadi; la secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta; el diputado de ERC e investigado por el procés, Josep Maria Jové, y el exjefe de gabinete de Torra y  Puigdemont, Josep Rius.

Por su parte, la delegación del Gobierno contará con Pedro Sánchez, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, el vicepresidente Pablo Iglesias, el titular de Universidades, Manuel Castells, la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, y el titular de Sanidad, Salvador Illa (PSC), y los mencionados Montero y Ábalos.

Un panorama ciertamente inquietante para todos aquellos que confíamos en las instituciones, la ley y los marcos que la propia ley establece para abordar las vicisitudes que la política nacional nos plantea. Afortunadamente y de momento los diques de contención que la propia ley suprema establece, resisten a duras penas los embates de unos y de otros. No obstante es la primera vez en nuestra jóven democracia que un Gobierno de España pone en almoneda de una manera tan notoria pactos, usos y costumbres que han permitido la continuidad de nuestro país como proyecto de futuro.  Esperemos que la propia ley y nuestras instituciones nos protejan de sus intenciones.

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