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Polémicas devoluciones de inmigrantes por el gobierno canario

El portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez (PSOE), ha manifestado que es necesario mantener las repatriaciones de los inmigrantes llegados a las islas de forma ilegal, ya que, en caso contrario, ha dicho, se incentivaría este tipo de tráfico así como a las mafias que se dedican a ello.

Pérez, tras la reunión del Consejo de Gobierno, ha afirmado que todas las repatriaciones que se han realizado se han hecho de acuerdo a la normativa y a los derechos humanos y ha asegurado que si en algún caso se ha producido una deficiencia «se corregirá».

Esta actitud del gobierno canario choca frontalmente con el posicionamiento de las plataformas y ONG que critican las actuaciones que se están realizando con personas de África Occidental.

El Defensor del Pueblo ha documentado hasta tres vuelos a Mauritania con casi un centenar de inmigrantes subsaharianos internados en los CIE de Canarias. Una ONG advierte de que la mayoría de estas personas expulsadas son de Mali, un país que sufre desde 2012 un conflicto bélico.

El último vuelo partió el pasado 20 de enero de Gran Canaria con destino la ciudad mauritana de Nuadibú, con 34 malieneses. Para el coordinador de los CIE del Servicio Jesuita a Migrantes, Iván Lendrino, resulta preocupante que España use un convenio de repatriación que mantiene con Mauritania, un país donde se vulneran los derechos humanos, para expulsar a personas de otros países africanos, poniendo en peligro la vida de ciudadanos malienses.

Esta ONG recuerda que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, ha mostrado su preocupación en un reciente informe ante la repatriación de ciudadanos malienses a las regiones y comarcas del norte y centro del país con un conflicto bélico aún abierto y donde la situación humanitaria y de seguridad se ha deteriorado en los últimos años. Además añade que la situación se agrava más aún si se efectúa a través de un tercer país como Mauritania, donde según diferentes organizaciones de sociedad civil no se garantizan los derechos humanos, lo que supondría una forma de “devolución indirecta”.

El Servicio Jesuita a Migrantes, que monitoriza los CIE de España, piden al Gobierno que se invesigue estas expulsiones y se suspenda esta práctica contraria al derecho internacional.

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