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El control de los alquileres amenaza los ingresos de 75.000 isleños

La Administración pública podrá fijar unos máximos y los propietarios estarán obligados a no cobrar o incrementar los precios por encima de ese límite. Si el ayuntamiento dice, por ejemplo, que un piso de cien metros cuadrados no puede arrendarse por más de 600 euros mensuales, al dueño del inmueble no le quedará más remedio que cobrar como máximo esa cantidad. Eso o vender el piso.

La idea de socialistas y podemitas es que el sistema estatal de índices de referencia de precios, que está elaborando el Ministerio de Fomento, sirva de base a los ayuntamientos y Gobiernos autonómicos para desarrollar sus propios índices.
El objetivo es facilitar el acceso a la vivienda a precios «razonables» y «evitar posibles efectos de contracción de la oferta de vivienda en alquiler». Sin embargo, la crítica generalizada de los expertos es que ocurrirá justamente lo contrario. Es más, el control de precios será caldo de cultivo para la economía sumergida.

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