OpiniónViviendo en San Borondón

A más estado, más corrupción

Acercar la administración pública al ciudadano, acercamiento que el administrado paga carísimo aunque le repugne tal cercanía financiada a su costa, se salda siempre con más empleados públicos improductivos y redundantes, mucho más gasto y mucha más arbitrariedad. Y además, con demasiada frecuencia, con muchos más militantes conectados al alma nutricia del estado. Unos estarán mientras gobiernen los suyos, otros se las apañarán para quedarse permanentemente. No es cuestión de ideología, sólo es pura supervivencia.

Los partidos no paran de crear observatorios, plataformas, nuevos organismos de pretendida utilidad social y otras pamplinas similares para poder seguir engordando las posibilidades de colocar gente. Porque todos ellos han interiorizado que gobernar “para el pueblo” es incrementar el gasto y la posibilidad de dar empleo en la administración. La austeridad, virtud inexistente cuando se gasta el dinero público, no es practicada por ningún partido, ni siquiera el PP al que todos los demás acusan de ser austericida y recortador, por más que lo prediquen en sus mitines. La realidad de las cifras globales lo demuestran, aunque pudiera haberse producido en algún caso concreto, las más de las veces justificado por escandaloso.

En el diario ABC del día 26 de enero, teniendo como fuente la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, se podía leer que los ayuntamientos y cabildos canarios ya gastan en altos cargos más que antes de la crisis. Aunque esta secretaria publica datos con mucho retraso, cosa inexplicable con racionalidad económica y de control, afirmaba que fueron 30,7 millones los que destinaron para tal fin en 2007, que se gastaron 32,5 millones en 2014 y que el año pasado, más de 34. Toda una escalada en tiempos que dicen ser de recortes.

Si viendo, cuando se puede ver, la información curricular sobre la experiencia, cualificación económica, financiera y empresarial de casi todos los altos cargos y nuevos políticos sobrevenidos, sería muy improbable que nadie les encomendara la gestión de sus ahorros o patrimonio personal o familiar, ¿qué nos impulsa a votarles, y a los políticos a contratar a esos asesores, para poner en sus manos la gestión del dinero público obtenido coercitivamente vía impuestos, tasas, gravámenes y cuantas figuras han inventado para extraer del bolsillo del contribuyente medio casi la mitad de todo lo ganado con su esfuerzo en un año?

Resulta evidente que para mantener ese estado de cosas, propiciado por el secuestro de la democracia por las maquinarias de los partidos políticos, es necesario hacer crecer cada día el estado, ocupando parcelas que gestionará en la inmensa mayoría de los casos de forma lamentable. Es una consecuencia inevitable de una mentalidad enquistada en la clase política y sobre todo en casi todos los ciudadanos, que muy explícitamente explicara la Ministra de Cultura socialista, Carmen Calvo, en aquella frase para los anales “el dinero público no es de nadie”. En consecuencia, a gastar sin ton y con cuanto mas “son”, de su cuerda, mejor.

Y la corrupción que alcanza a la filosofía de que cuanto más estado mejor, aunque sea ineficaz e ineficiente, tiene facetas distintas a las de coge el dinero y corre, aunque sea para el partido. Hay formas algo más sutiles, pero no menos onerosas para los ciudadanos. Por ejemplo, la obsesión feminista por las listas cremallera, que impide poder seleccionar a los mejores aspirantes a políticos o consejeros en empresas públicas, e incluso en las privadas, por el criterio de mérito y capacidad, el más democrático y menos arbitrario posiblemente, sino por el sistema de cuotas, edulcorado como florida demagogia, como discriminación positiva.

Cerrar el paso a las personas más cualificadas para atender el supremo interés público, sean hombres o mujeres, por establecer cuotas de cualquier tipo (sexo, religión, residencia, raza, etc.), lleva inexorablemente a la selección de la mediocridad y se aleja de la búsquela de la excelencia que debiera iluminar toda la acción pública. Los políticos no son servidores públicos, son profesionales de la política, expertos en dar codazos y puñaladas traperas. Y en Canarias, donde el PSOE llevaba en su programa “hacer efectiva una cuota mínima de un 40% de presencia de mujeres en los consejos de administración de las grandes empresas cotizadas y de todas las empresas públicas”, tal vez gracias a Achaman, han fracasado estrepitosamente. De nuevo, en la edición digital del ABC, se pueden encontrar los datos.

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